Informe IPC enero 2026

En enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 2,9% mensual, marcando una nueva aceleración inflacionaria. El resultado estuvo explicado principalmente por el aumento del 5,7% en los precios estacionales, seguido por el IPC núcleo (2,6%) y los precios regulados (2,4%).

Más allá del dato puntual, la publicación del IPC se da en un contexto de mayor ruido institucional, tras la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos y la decisión del Gobierno Nacional de no implementar la nueva metodología de medición del índice, pese a haber sido anunciada y detallada técnicamente desde hace meses. Este punto no es menor, dado que el IPC cumple un rol central como referencia para la política económica, la indexación de ingresos y la evaluación del proceso de desinflación.

Gráfico. Variación mensual de Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Fuente: Fundación Encuentro en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El IPC no es un dato neutro: impacto fiscal y distributivo

La continuidad de la metodología vigente tiene implicancias económicas concretas. De acuerdo con estimaciones difundidas por el Banco Provincia, una inflación medida más baja implica un ahorro fiscal relevante para el Estado Nacional, derivado de una menor actualización de jubilaciones, prestaciones sociales y títulos públicos ajustados por CER. Este efecto podría alcanzar cerca de $5 billones, equivalentes a casi 0,5% del PBI.

En paralelo, los ingresos públicos tienden a ajustarse de manera más automática con la evolución real de los precios, lo que implica que los gastos subirían menos que los ingresos por razones estadísticas, otorgando una holgura artificial a las cuentas fiscales.

Desde el punto de vista distributivo, esto supone:

• menores actualizaciones reales de jubilaciones y prestaciones,

• y una sobreestimación de la mejora de los salarios reales, si la inflación efectiva

resulta mayor a la reflejada por el índice oficial.

La postergación de la nueva metodología: dos explicaciones económicas

En el debate público comenzaron a circular al menos dos hipótesis económicas para explicar la decisión de no aplicar la nueva metodología del IPC.

Hacia atrás, su implementación implicaría reconocer una caída mayor del poder adquisitivo, estimada en torno a 7 puntos adicionales, lo que podría reactivar reclamos salariales por recomposición y aumentar la presión sobre las paritarias.

Hacia adelante, en un año atravesado por ajustes tarifarios, la nueva metodología —que otorga mayor ponderación a los servicios— derivaría en una inflación medida más elevada, del orden de 1 a 2 puntos adicionales hacia fines de 2026 respecto de la medición actual.

Cabe señalar que este cambio metodológico no era sorpresivo, sino un proceso anunciado y trabajado técnicamente con antelación, incluso mencionado en informes recientes del BCRA. En ese sentido, la decisión de no implementarlo parece responder más a consideraciones de política económica que a limitaciones técnicas, con versiones que señalan un rol determinante del área económica encabezada por Luis Caputo.