En tiempos de crisis profundas, cuando se habla de eficiencia, racionalización y ajuste muchas veces se olvida que los organismos públicos no son simples estructuras administrativas: son pilares del desarrollo nacional. Hoy vemos cómo se profundiza una política que, en nombre de la eficiencia, avanza peligrosamente hacia el desmantelamiento de instituciones claves para la vida productiva, científica y social de la Argentina. El INTA, el INTI, el SENASA, el INV, y más recientemente el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se encuentran en el centro de un proceso sistemático de destrucción institucional y desguace de su capital más importante: el recurso técnico capacitado y formado. Esta política no construye un país mejor, sino uno más injusto, más desigual y más vulnerable.

 

Desde diciembre de 2023, con la llegada del nuevo gobierno encabezado por Javier Milei y la sanción del Decreto 70/2023, titulado “Bases”, comenzó a institucionalizarse un proceso de destrucción que va mucho más allá de la simplificación administrativa. Detrás de una promesa de mayor libertad, eficiencia y menos burocracia, se ha abierto un camino de desfinanciamiento y desprecio por lo público. Una promesa que, en los hechos, solo garantiza libertad para los más poderosos, mientras limita los derechos y las posibilidades de desarrollo de las mayorías.

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Durante más de un año, esta política de tierra arrasada ha debilitado organismos estratégicos del Estado. El INTA, que es clave para el desarrollo agropecuario; el INTI, que impulsa la tecnología y la calidad industrial; el SENASA, que garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos juntamente con el acceso efectivo a los mercados de productos de exportación; el INV que integra a la cadena vitivinícola acompañando la industria en el país; o el INYM, que regula y promueve la actividad yerbatera en el país y en el mundo. Todos estos organismos funcionaban bien, incluso todos con oportunidades de mejora.  Son instituciones que articulan con empresarios, científicos, cooperativas, universidades, gobiernos locales y con el mundo generando no solo valor económico, sino también tejido social en todo el territorio nacional.

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Lo que está en juego no es la defensa de estructuras obsoletas, ni la negación de que muchas cosas pueden y deben mejorarse. Es necesario repensar, optimizar y modernizar las instituciones y las políticas que ellas generan y ejecutan, pero para hacerlo, hace falta un modelo participativo, que escuche a quienes están en el territorio con la ruralidad como marco de actuación y con mirada federal, que valore la experiencia acumulada, que entienda que cada institución tiene una historia y un rol que no pueden borrarse de un plumazo. 

La cultura del descarte no soluciona los problemas: los profundiza y, la política del desguace no es un plan de gobierno, sino una renuncia a pensar el país con respeto y seriedad.

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El caso del INYM es ilustrativo. Este instituto reunía a productores, cooperativas e industriales dos veces al año para acordar precios y condiciones de comercialización de la yerba mate. Un espacio de diálogo y equilibrio, donde se garantizaba la supervivencia de pequeños productores frente a los grandes grupos concentrados. La intervención del gobierno, sin escuchar a los actores involucrados, destruyó ese equilibrio. Hoy, la desregulación avanza, pero no para democratizar el mercado, sino para concentrarlo aún más.

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En el caso del INTA, su gobernanza a través de un Consejo Directivo con representantes del sector privado y académico es, ejemplo en nuestro país, de pluralidad en la conducción de una institución que permite coordinar esfuerzos y hacerlos más eficientes para una mayor y mejor producción y desarrollo. El Decreto que está analizando el Poder Ejecutivo lejos de mejorar a la institución la degrada, sacando de la mesa al sector académico que representan las facultades de agronomía y veterinaria y, a los empresarios que les molestan, aumentando y asegurando una mayoría de representación del Poder Ejecutivo con finalmente, control total sobre la gobernanza institucional del gobierno nacional de turno. Así, un órgano decisorio plural y representativo quedaría a merced únicamente del Poder Ejecutivo. Se rompe de esta manera una de las virtudes del INTA que lo caracteriza desde el año 1956 su gobernanza democrática y participativa destruyendo el valor de la pluralidad en la representación que es: federalismo en las decisiones a través de proyectar acciones e intervenciones en las áreas de investigación, educación y producción en función de los territorios y sobre todo, a partir de ellos. Sumado a esto, el poder ejecutivo refiere a ¨absorber actividades del INTI por el INTA¨ con desconocimiento y con desprecio por la legitimidad propia de la institución de tecnología industrial más importante de nuestro país.

El futuro no se construye demoliendo lo que tenemos, sino mejorando lo que funciona y transformando lo que no. Apostar a un modelo de país sin instituciones es condenarnos a una permanente desigualdad y, a un país sin educación, sin investigación y sin producción. Defender el INTA, el INTI, el SENASA, el INYM y tantos otros organismos no es un acto de nostalgia, es un compromiso con el futuro argentino. Porque no hay desarrollo posible sin instituciones que garanticen equidad, innovación y soberanía. ¿Estamos dispuestos a perderlas?