El show de las incautaciones de drogas: del relato mediático a la realidad del narcotráfico
El siguiente informe analiza cómo los procedimientos policiales y judiciales orientados a confiscar estupefacientes se transformaron, en los últimos años, en una herramienta comunicacional antes que en una política pública efectiva. A partir de datos relevados en causas federales, documentos judiciales y registros mediáticos, el estudio muestra que las incautaciones funcionan más como insumo para construir relatos de “victoria” sobre el narcotráfico que como una medición real del impacto en las redes criminales.
Lejos de ofrecer información transparente, las incautaciones se utilizan como indicadores de gestión que priorizan la espectacularidad: operativos masivos, exhibición de cargamentos y comunicados oficiales que refuerzan la idea de acción constante, aun cuando la evidencia señala que estos procedimientos rara vez logran desarticular organizaciones delictivas. El informe demuestra que la narrativa del “éxito” se sostiene en métricas parciales, fragmentadas y, en muchos casos, imposibles de contrastar por la falta de datos sistemáticos y accesibles.
Esta lógica comunicacional convive con un sistema institucional disperso y sin coordinación, donde fuerzas federales, gobiernos provinciales y el Poder Judicial compiten por protagonismo y visibilidad pública. Al analizar tendencias de los últimos años, el informe concluye que la política basada en incautaciones no reduce el narcotráfico, pero sí construye efectos simbólicos que amplifican la percepción de eficiencia estatal, a costa de reforzar la opacidad y desplazar la discusión sobre las políticas integrales que realmente podrían modificar el problema.
Principales datos del informe:
• Las incautaciones crecieron en volumen y frecuencia, pero eso no indica una reducción del narcotráfico.
• La mayoría de los operativos se concentran en eslabones bajos de las cadenas criminales. No existe un sistema unificado y público con datos para comparar entre las fuerzas y la justicia federal.
• Cifras sin variables clave: vínculos con causas previas o impacto real en organizaciones.
• Competencia entre fuerzas: incentivos para más visibilidad pero sin resultados estructurales.
• Los comunicados oficiales priorizan imágenes espectaculares por sobre datos verificables.
• Inconsistencias en las cantidades reportadas entre partes policiales, expedientes judiciales y notas de prensa.
• Las incautaciones se usan como indicador de gestión, aunque no reflejan políticas de seguridad complejas.
• No hay evidencia de que el aumento de incautaciones reduzca disponibilidad, precios o circulación de drogas ilegales.
Introducción
“Argentina hoy está a la vanguardia en Sudamérica en la lucha contra el narcotráfico”, señaló la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al informar en octubre del 2024 que durante los primeros meses de ese año se había incrementado –supuestamente- la incautación de drogas en comparación con el mismo período de 2023 (Argentina.gob.ar, 2024). En septiembre de 2025, en el mismo tono triunfalista que la caracteriza, anunció un “nuevo récord” en esta materia para el primer semestre del año, en relación con igual período del 2024 y afirmó, además, que:
“La incautación de más droga significa más trabajo, más operatividad y más inteligencia criminal. Este año venimos con una capacidad operativa y de investigación que es una de las más importantes de la historia de las incautaciones en la Argentina. Hemos aumentado de manera significativa los decomisos de la droga respecto a 2024” (La Nación, 2025).
Desde su perspectiva, estos resultados confirmarían “la efectividad de las estrategias implementadas en la lucha contra el narcotráfico” durante la gestión de Javier Milei (Argentina.gob.ar, 2025).
Ahora bien, ¿se puede hablar realmente de un récord en materia de incautaciones para el período 2024-2025? Y aún si así fuera, ¿permite tal hecho concluir que el abordaje estatal frente al narcotráfico ha resultado efectivo? Finalmente, ¿qué características tienen las acciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad federales y policías provinciales en materia de incautación de drogas? ¿Un mayor volumen de incautaciones necesariamente refleja avances en la capacidad operativa o la inteligencia criminal en este campo? En las secciones siguientes intentaremos desentrañar estos interrogantes.
Incautaciones de drogas 2016-2025
En primer lugar, corresponde analizar los datos oficiales disponibles. Para ello, se utilizará el registro mensual de incautaciones correspondiente al período 2016-2024, proporcionado por la gestión actual del Ministerio de Seguridad de la Nación al medio Chequeado, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por dicho medio (Marina, 2024; Ministerio de Seguridad de la Nación, 2024). En lo referente a 2025, lamentablemente solo se cuenta con la información brindada por la Ministra en una conferencia de prensa de septiembre de este año, en la cual sostuvo que durante el primer semestre se había incautado un 35% más de marihuana, un 6% más de cocaína y un 5% más droga sintética que en igual período de 2024. Dado que los datos de 2025 abarcan únicamente la primera mitad del año, y con el fin de mantener un criterio homogéneo en la comparación, el análisis se centrará en el primer semestre de todo el período 2016-2025. Ver “Gráfico I: Cantidad de Kg. de Marihuana y Cocaína incautada (primer semestre 2016-2025)”.
El Gráfico 1 muestra la evolución de la cantidad de kilogramos de marihuana y cocaína incautados durante los primeros semestres de los años 2016 a 2025. Se observa que el máximo histórico de incautaciones de marihuana se registró en 2021, con 129.747 kg, seguido de valores elevados en 2018 (105.873 kg) y 2019 (87.598 kg). En contraste, el valor más bajo se alcanzó en 2024, con 43.286 kg, ya durante la segunda gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación. En 2025, los datos indican una recuperación parcial, alcanzando 58.436 kg, lo que representa un aumento respecto a los dos años previos, aunque todavía lejos de los registros máximos del período 2018-2021.
En el caso de la cocaína, la serie temporal muestra variaciones menos abruptas, aunque el año 2025 representa un aumento de incautaciones en el período analizado, con 6.172 kg. Este valor supera a los máximos previos registrados en 2024 (5.822 kg) y 2017 (4.881 kg), mientras que el mínimo se produjo en 2020, con 1.428 kg.
El Gráfico 2 evidencia la marcada irregularidad en las incautaciones de droga sintética durante el período analizado, caracterizada por fuertes oscilaciones entre picos y caídas abruptas. En 2017 se registra el primer gran incremento de la serie, con aproximadamente 380.000 unidades incautadas, seguido por un desplome en 2018 a menos de 70.000 unidades. En 2019 se alcanzó el récord histórico, superando las 620.000 unidades, mientras que en 2021 se produjo el mínimo del período, con valores próximos a las 20.000 unidades, situación explicada principalmente por el impacto de las restricciones derivadas del aislamiento social durante la pandemia de COVID-19.
A partir de ese punto, se observa un repunte: en 2023 las incautaciones alcanzaron unas 410.000 unidades, marcando un nuevo pico, aunque aún por debajo de los máximos previos. Los años posteriores muestran una cierta estabilización: en 2024 se reportaron cerca de 290.000 unidades y en 2025 un leve incremento, hasta alrededor de 300.000 unidades.
En síntesis, la afirmación ministerial sobre el “récord de incautaciones” en el primer semestre de 2025 requiere matices. Si bien se constata el mayor volumen incautado de cocaína de todo el período, el caso de la marihuana muestra solo una recuperación tras mínimos históricos recientes, permaneciendo lejos de los valores máximos de años anteriores. Respecto a las drogas sintéticas, 2025 no representa un año récord ni un mínimo histórico, sino un punto intermedio de la serie, destacándose principalmente por la estabilización relativa observada en comparación con la alta volatilidad registrada en años previos.
Discusiones sobre la métrica de incautaciones
Tras el análisis de los datos oficiales y discusión sobre las “cifras record” presentadas por la Ministra, corresponde retomar los interrogantes de la introducción acerca de los alcances y las limitaciones del indicador de incautaciones. Aunque el aumento de los volúmenes incautados suele exhibirse como un signo inequívoco de éxito institucional, la evidencia disponible muestra que esta métrica es, en rigor, un indicador indirecto problemático del desempeño estatal con respecto al abordaje del narcotráfico. Su interpretación requiere una mirada crítica debido a factores metodológicos y contextuales que dificultan atribuir las variaciones a mayor eficiencia policial o a mejoras en la inteligencia criminal.
Diversos estudios han señalado que las estadísticas de incautaciones presentan problemas de comparabilidad, ya sea por falencias en los registros, ocasionales prácticas de manipulación de cifras, o por la falta de ajustes metodológicos referidos a la pureza y composición de las sustancias detectadas. En este sentido, la evolución de los volúmenes incautados puede deberse a múltiples factores -cambios en patrones de tráfico, fluctuaciones de mercado, prácticas judiciales, operativos puntuales u otras variables estructurales- cuyo peso relativo resulta difícil de aislar (Caulkins, 2000; Kilmer, Reuter & Giommoni, 2015).
A pesar de estas limitaciones, se trata de la información más habitualmente disponible para el análisis del problema de la comercialización ilícita de drogas. Su utilización más extendida se observa en el ámbito político, donde con frecuencia se la presenta con un sesgo triunfalista, como se observó en el apartado anterior con respecto a los dichos de la Ministra Bullrich. Es común, en efecto, que altos funcionarios exhiban públicamente las cifras de incautaciones como prueba de la supuesta eficacia gubernamental en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, como advierten Reuter y Trautmann (2009), los datos de incautaciones no constituyen un indicador fidedigno del tráfico, puesto que sólo una fracción limitada de las drogas movilizadas es efectivamente interceptada. En la misma línea, Kilmer y Hoorens (2010), citando a Reuter, sostienen que las cantidades incautadas dependen, al menos, de tres factores: la magnitud del flujo traficado, la habilidad de los interdictores y el nivel de precaución de los traficantes.
De este modo, las incautaciones reflejan no sólo los volúmenes de tráfico, sino también el grado de aplicación de la ley, la eficacia en el uso de los recursos y las capacidades de evasión de las organizaciones criminales (Caulkins, 2000). Dado que ninguno de estos factores permanece constante y algunos resultan difíciles de cuantificar, el valor analítico de las incautaciones como métrica aislada es muy limitado.
A este panorama se suma evidencia reciente de estudios internacionales que subrayan cómo la interpretación aislada de las incautaciones puede resultar equívoca respecto a la evolución del fenómeno. Por ejemplo, Palamar et al. (2021) muestran que las fluctuaciones en las cantidades incautadas responden tanto a alteraciones en las estrategias policiales como a dinámicas del mercado, y no necesariamente reflejan una reducción en la disponibilidad o el consumo de drogas ilícitas. Incluso, durante la pandemia de COVID-19 se registraron incrementos en incautaciones de ciertas sustancias simultáneamente a aumentos en sobredosis y emergencias médicas asociadas, lo que evidencia la falta de correlación directa entre incautaciones y daño social (Palamar et al., 2021). Asimismo, la diversificación de métodos de tráfico mediante servicios postales y plataformas digitales añade complejidad, dificultando la obtención de registros fiables, ya que las incautaciones pueden reflejar cambios en la vigilancia de rutas específicas antes que una reducción estructural del tráfico (Raimondi et al., 2025).
Los operativos de las fuerzas federales y policías provinciales en materia de incautación de drogas Resulta crucial analizar los operativos realizados por las fuerzas federales y policías provinciales en materia de incautación de drogas, para responder al interrogante sobre si un mayor volumen de incautaciones necesariamente refleja avances en la capacidad operativa o la inteligencia criminal en este campo.
Al respecto, un estudio del equipo de Sabina Frederic, basado en datos oficiales elaborados durante la primera gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, mostró que el 80% de los operativos federales estuvieron dirigidos principalmente a personas consumidoras o pequeños vendedores y no a redes criminales mayores (Página/12, 2020; Frederic et al., 2020; Infobae, 2020). En el 80% de los procedimientos, la cantidad secuestrada fue menor a 100 gramos de marihuana o cocaína y menos de 50 dosis de drogas sintéticas, evidenciando un sesgo operativo hacia el narcomenudeo más que a la criminalidad organizada (Página/12, 2020; Frederic et al., 2020).
Por ejemplo, en los operativos contra el comercio ilegal de marihuana, solo el 7% de los casos en 2019 superó los 100 gramos incautados por procedimiento, y el promedio por operativo cayó de 16,9 kg en 2016 a 4,6 kg en 2019 (Página/12, 2020). Algo similar ocurrió con la cocaína: más del 80% de los procedimientos incautó menos de 1 kg y, pese a que los operativos aumentaron un 82% entre 2017 y 2019, la cantidad total incautada en ese lapso cayó un 45% (Página/12, 2020; Frederic et al., 2020). Para drogas de diseño, aunque se triplicó el número de operativos entre 2017 y 2019, la cantidad de dosis secuestrada descendió de 192.000 a 103.000 (Página/12, 2020).
Ese mismo informe califica de “falaz” la equivalencia “más operativos = mejores resultados” y critica la “espectacularización” gubernamental, que prioriza la cantidad de procedimientos por sobre el desmantelamiento de redes criminales mayores (Frederic et al., 2020). En línea con la literatura crítica internacional, la respuesta estatal debe reorientar esfuerzos no en perseguir principalmente a consumidores o microtraficantes, sino en investigar y desarticular grandes redes, y en mejorar los métodos de recopilación y análisis de datos (Página/12, 2020; Frederic et al., 2020).
Por lo tanto, resulta difícil afirmar que el aumento en el volumen de incautaciones responda realmente a mejoras sustantivas en inteligencia criminal. En cambio, dicho incremento puede estar reflejando un aumento en el control y persecución sobre los eslabones menores de la cadena delictiva, lo que limita el valor analítico de esta métrica para evaluar avances institucionales (Lag, 2020; Frederic et al., 2020).
Si bien este análisis corresponde a la primera gestión de la Ministra Bullrich, esta tendencia también se puede observar durante el año 2024 a partir de la información que aporta la Plataforma Interactiva de Información Estadística de PROCUNAR[1] sobre causas iniciadas por estupefacientes en el ámbito de la justicia federal. Al respecto, se puede observar que el 64% de las causas del 2024 (13.196 sobre un total de 20.703) se iniciaron por acciones preventivas de las fuerzas de seguridad, es decir, por intervenciones que consisten, principalmente, en controles y procedimientos proactivos realizados por fuerzas federales y policías provinciales: patrullajes, controles en vía pública y en el transporte público, operativos de rutina y controles carreteros. Este tipo de acciones no suelen estar motivadas por investigaciones específicas o inteligencia criminal avanzada, sino que responden a estrategias de control territorial o presencia policial orientadas a la detección inmediata e incidental de delitos vinculados a estupefacientes.
Este dato muestra que una proporción mayoritaria de la persecución penal en narcocriminalidad en Argentina sigue dependiendo de criterios reactivos y rutinas policiales antes que de la implementación sistemática de inteligencia o labores de investigación focalizada.
¹ Esta plataforma ofrece información descriptiva de las causas iniciadas por estupefacientes desde el año 2011 hasta el 2024 en el ámbito de la justicia federal, tomando como base los datos registrados al momento de su ingreso al sistema de administración de justicia, específicamente al Ministerio Público Fiscal (MPF). Este conjunto de causas comprende aquellas investigaciones iniciadas por alguno de los delitos establecidos en la Ley de Estupefacientes (ley 23.737), así como aquellas investigaciones por el delito de contrabando de estupefacientes, tipificado en el artículo 866 del Código Aduanero (ley 22.415). Al respecto, ver: https://www.mpf.gob.ar/procunar/plataforma-interactiva-de-informacion-estadistica/
Del mismo modo, cuando se desglosa las cifras de estas causas iniciadas por las acciones preventivas, se logra visualizar que en un 65% corresponde a tenencia simple o tenencia para consumo personal, y solo un 20% se vincula a lo que sería la comercialización de estupefacientes. A pesar de que no se indican los niveles y magnitudes de lo comercializado, el peso preponderante de las acciones preventivas (de control y patrullaje) en la generación de causas federales de drogas, explica en parte por qué gran parte de los procedimientos formales se originan en contextos donde hay bajo volumen incautado y se apunta más al narcomenudeo o consumo personal que a organizaciones criminales complejas.
En este marco, el evento ocurrido en el puerto de Vicentin en mayo de 2025 -donde se incautaron aproximadamente 470 kilos de cocaína en un buque de bandera extranjera- resulta paradigmático para comprender las limitaciones de la métrica de incautaciones. Lejos de ser el resultado de un operativo planificado sobre la base de inteligencia criminal sofisticada, el hallazgo respondió a una circunstancia fortuita: el propio capitán del buque alertó espontáneamente a las autoridades sobre un paquete sospechoso, lo que derivó en la detención del cocinero y de otros tripulantes (Infobae, 2025; Lascano, 2025a y 2024b).
Este caso muestra que incluso cargamentos de gran escala pueden permanecer invisibles para el Estado si no median denuncias internas o factores azarosos que habiliten la intervención. De hecho, la investigación judicial reconoció la “habitualidad” de estas maniobras en el puerto y los testimonios señalaron que operaciones de este tipo se repiten “dos o tres veces por mes” sin conocimiento efectivo de las fuerzas policiales (Lascano, 2025a y 2024b).
Asimismo, la respuesta institucional posterior se centró en la detención de tripulantes -principalmente marineros filipinos y el cocinero-, sin lograr identificar a los verdaderos dueños de la carga ni desarticular la red logística y financiera detrás del envío (Lascano, 2025c; Kollman, 2025). A pesar de ello, la ministra Bullrich presentó públicamente el procedimiento como un logro de la gestión gubernamental, invisibilizando el hecho de que todo el operativo se originó en la denuncia voluntaria del capitán del barco y no en una estrategia proactiva estatal (Kollman, 2025).
A modo de conclusión
En definitiva, la tan promocionada “vanguardia” argentina en la lucha contra el narcotráfico, sostenida y amplificada personalmente por Patricia Bullrich, se revela como un acto más de retórica política que de efectividad estructural. Pese a sus enfáticos anuncios y su desfile mediático de cifras, la realidad es que los supuestos “récords” son el producto de acciones preventivas rutinarias sobre consumidores, microtraficantes e intervenciones fortuitas -como la del puerto de Vicentin-, mucho más que el resultado de investigación criminal o inteligencia estratégica de su gestión.
Mientras Bullrich declara triunfalmente que “la incautación de más droga significa más trabajo, más operatividad y más inteligencia criminal... una de las más importantes de la historia” (La Nación, 2025), lo que muestran los datos es que el Estado celebra decomisos al azar y persigue los eslabones más débiles, mientras las verdaderas redes criminales continúan intactas y fuera de su alcance. La escenificación y el espectáculo reemplazan la estrategia, y la política oficial termina siendo, en última instancia, una fachada de efectividad más útil para el relato de gestión que para la lucha real contra el narcotráfico (Argentina.gob.ar, 2025).
Referencias bibliográficas:
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