IMPACTO DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN DE JAVIER MILEI: INGRESOS, AJUSTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Durante el primer año del gobierno de Javier Milei, la política económica se caracterizó por un viraje hacia un programa de estabilización basado en un fuerte ajuste fiscal y monetario. Estas medidas tuvieron repercusiones significativas tanto en los ingresos de la población como en la distribución del gasto público, con profundos

impactos en el bienestar social y económico.

Ingresos populares: una caída generalizada con importantes desigualdades

La estrategia antiinflacionaria tuvo efectos desiguales sobre los ingresos de la población. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, casi todas las fuentes de ingresos sufrieron caídas en términos reales, salvo algunas excepciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que mostró un incremento del 27% en términos reales. No obstante, este aumento no logró compensar la pérdida acumulada en la Tarjeta Alimentar (-23,8%), afectando de manera considerable a los sectores más vulnerables.

En el ámbito de los programas sociales, el Plan Volver al Trabajo, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, experimentó una contracción sin precedentes, con una caída promedio del 46% y del 63% en su punto más crítico. Este ajuste refleja un cambio en la política social, orientado a reducir las transferencias gestionadas por movimientos sociales.

Las jubilaciones evidenciaron dos trayectorias negativas pero diferenciadas. Las jubilaciones mínimas, que a partir de abril de 2024 comenzaron a actualizarse mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un incremento extraordinario del 12,5%, mostraron una rápida recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, la eliminación del bono adicional que había permitido empatar la inflación impidió alcanzar los niveles previos al salto devaluatorio. En contraste, las jubilaciones medias y altas, regidas únicamente por la fórmula de movilidad, tuvieron inicialmente una recuperación más acelerada. No obstante, al carecer de un bono que mitigara el impacto de la inflación tras la devaluación de diciembre, estas sufrieron una pérdida más abrupta en términos reales, reflejando un mayor deterioro.

Por otro lado, las trabajadoras de casas particulares también enfrentaron un panorama adverso. Aunque la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, como instancia de negociación colectiva especial, logró acuerdos entre las partes, los resultados no fueron favorables. Luego de una caída significativa del poder adquisitivo (-28,6%) entre diciembre y enero, los salarios comenzaron a mostrar una leve recuperación. Sin embargo, el período dejó un balance negativo, con una pérdida acumulada del 20,8%.

El deterioro también alcanzó al mercado laboral. El desempleo creció del 6,2% al 7,6% en el último año, mientras que el subempleo demandante mostró un aumento significativo. Esta situación golpeó especialmente a los trabajadores informales y no registrados, quienes carecen de herramientas institucionales, como paritarias o negociaciones colectivas, para ajustar sus ingresos frente a la inflación.

En el sector público, el ajuste fue particularmente severo. Los salarios de los empleados públicos disminuyeron en promedio un 22,1%, con impactos más profundos en los docentes universitarios, quienes sufrieron una caída del 30,3%. Además, la desarticulación de espacios de negociación, como el Consejo del Salario Mínimo y la Paritaria Nacional Docente, agravó aún más este panorama.

En conclusión, el nuevo contexto macroeconómico y político produjo un fuerte impacto en los ingresos. Los sectores más afectados fueron aquellos más expuestos a la inflación, la contracción de la actividad económica, la dependencia del gasto público y la pérdida de mecanismos institucionales de protección. En contraste, quienes contaron con herramientas institucionales, como las paritarias privadas, si bien enfrentaron caídas, lograron amortiguar mejor los efectos adversos.

Ejecución presupuestaria: prioridades

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso correspondiente a noviembre de 2024 destaca un marcado ajuste fiscal en el marco del nuevo contexto macroeconómico. Los ingresos totales de la Administración Nacional muestran un incremento en términos nominales, aunque este no logró compensar el ritmo de la inflación, o que resultó en una caída real del 1% interanual y del 4,6% en el acumulado del año.

En lo que va del año, los recortes más pronunciados se dieron en los gastos de capital, que registraron una caída del 76,8% interanual, explicada en gran medida por menores transferencias a empresas públicas y provincias. Asimismo, las transferencias corrientes a las provincias disminuyeron un 76,6% interanual, principalmente debido a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. El gasto en jubilaciones cayó un 17,5% interanual, aunque en los últimos meses se observa una desaceleración en el ritmo de caída gracias a la implementación del nuevo esquema de movilidad de actualización mensual (DNU 274/24) y la desaceleración de la inflación. En este contexto, los haberes superiores a la mínima mostraron una recomposición real del 12,4% respecto de diciembre de 2023.

El crédito presupuestario inicial se incrementó en $55,99 billones, de los cuales $53,46 billones se distribuyeron a través de DNU. Por su parte, las transferencias a universidades superaron el nivel de ejecución promedio del gasto, alcanzando un devengado del 92,4% respecto del presupuesto asignado.

En cuanto a los gastos corrientes, se observa una contracción significativa, especialmente en las transferencias sociales y las remuneraciones del sector público. Estas decisiones fueron clave para alcanzar el objetivo de reducción del déficit fiscal primario, pero también profundizaron el impacto sobre los sectores más vulnerables y los empleados públicos. En el ámbito de la inversión pública, la ejecución presupuestaria fue limitada, con una baja notable en proyectos de infraestructura, lo que también tuvo implicancias negativas para el empleo y la actividad económica.

En este contexto, el ajuste fiscal, si bien alineado con los objetivos de estabilización macroeconómica, evidenció sus costos sociales y económicos, afectando principalmente a los sectores con menor capacidad de resiliencia. Este análisis refuerza la necesidad de considerar el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y protección social en

la formulación de políticas públicas.

Conclusiones y perspectivas

El primer año de gestión de Javier Milei ha dejado un panorama mixto. Por un lado, se avanzó en la reducción del déficit y en el control de algunos componentes inflacionarios mediante un fuerte ajuste fiscal. Por otro, las consecuencias sociales de estas políticas fueron significativas, especialmente para los sectores más vulnerables.

La experiencia de los primeros diez meses sugiere que la implementación de ajustes de esta magnitud requiere de mayores mecanismos de compensación y protección social para evitar un deterioro profundo en los niveles de vida de la población. Una reorientación de las políticas fiscales hacia una mayor equidad podría ser crucial para reducir las desigualdades que han marcado este período.