“DESINVERSIÓN PÚBLICA Y AGONÍA RURAL: RADIOGRAFÍA DE UN MODELO REPRIMARIZADOR”
La situación actual que enfrentan los productores argentinos puede describirse como una "tormenta perfecta". La ausencia de inversión en obra pública, el incremento de la carga impositiva, el elevado costo del gasoil y precios relativos desfavorables han llevado a un escenario crítico. El resultado es alarmante: rentabilidades nulas, abandono creciente de la actividad y un modelo económico que castiga al que trabaja y produce.
Desde diciembre de 2023, el gobierno paralizó más del 80% de las obras públicas, afectando a más de 4.000 proyectos en todo el país, dejando 4.000 proyectos paralizados, muchos de los cuales corresponden a rutas rurales. Esta situación tiene consecuencias directas en la actividad productiva, como la dificultad para cosechar, un aumento en los costos logísticos, un mayor desgaste de la maquinaria y un acceso restringido a los mercados.
La falta de caminos rurales impide que los productores puedan cosechar de manera eficiente. Aquellos que logran hacerlo enfrentan un incremento del 28% en los costos de transporte para sus granos. Además, la depreciación de tractores y cosechadoras se acelera a un ritmo del 15% anual, según datos de la Universidad Nacional del Sur.
Los precios relativos actualmente se encuentran en un estado crítico. En noviembre de 2023, el precio del
gasoil era de $311 por litro, y para junio de 2025, este ha aumentado a $1.191, lo que representa un Incremento del 283% en apenas 19 meses. Esta situación obliga a los productores a destinar cada vez más soja o maíz para adquirir un litro de combustible, lo que agrava aún más su situación, incluso en Condiciones de buen rendimiento.
En términos impositivos, cada hectárea que genera $100 reporta al Estado $63,60 en impuestos. Mientras tanto, el precio del gasoil continúa su ascenso sin control, y no se vislumbran medidas de alivio para el sector.
Las retenciones permanecen en niveles récord, especialmente sobre la soja, mientras que nuestros competidores, como Brasil y Estados Unidos, subsidian insumos, bienes, crédito y logística. En contraste, en Argentina se penaliza a quienes producen.
Las economías regionales también enfrentan dificultades, con sectores como la vitivinicultura, cítricos, ovinos y azúcar en crisis. Según CONINAGRO, el 65% de estas economías están reportando pérdidas en el presente año.
A pesar de que el gobierno alardea de un superávit que carece de sustento real, son las provincias productivas las que lo sostienen. Los impuestos recaudados se malversan en gastos generales, sin destinarse a las obras para las que fueron originalmente concebidos.
No hay inversión, no hay infraestructura, y no existen incentivos. Solo se observa inflación, abandono y presión fiscal. En este contexto, la pregunta crucial es: Cómo puede sostenerse un país sin obra pública, sin caminos, sin mercados y sin un campo productivo? La respuesta es clara: no puede. El país se vacía, se desintegra territorialmente y se encamina hacia un modelo extractivo, reprimarizador y sin horizonte productivo.
El sector agrícola no solicita privilegios, sino reglas claras, la recuperación de una parte de lo que aporta, infraestructura básica, conectividad y acceso a mercados. Además, demanda que el Estado no socave su capacidad de competir. Actualmente, no se cuenta con ninguno de estos elementos.
La crisis que atraviesan los productores no puede entenderse únicamente desde una perspectiva coyuntural. Más allá de los factores inmediatos —como la falta de obra pública, el encarecimiento del gasoil y la presión impositiva— existe un deterioro más profundo: el desmantelamiento progresivo de los organismos públicos que sostienen la estructura técnica, científica y productiva del agro argentino. Sin políticas de apoyo, sin ciencia y sin formación, el campo queda aislado, sin herramientas para sostenerse y mucho menos para desarrollarse.
En este sentido, resulta alarmante el proceso de desfinanciamiento que afecta a instituciones clave como el INTA, SENASA, INASE, INV, INYM y las universidades públicas. Estos organismos no solo garantizan productividad y competitividad, sino también seguridad alimentaria, innovación y acceso a mercados internacionales. La reducción presupuestaria que atraviesan —del 23,6% en el caso del INTA y más del 30% en las universidades— tiene consecuencias directas sobre la producción, pero también estructurales para la economía del país. Este contexto ha llevado a situaciones tan insólitas como la importación de vino con agua desde Chile o el consumo interno de yerba de baja calidad a precios elevados. Y lo más grave es que el supuesto ahorro fiscal, estimado en unos USD 500–600 millones anuales, se ve ampliamente superado por las pérdidas económicas que genera: caída de exportaciones agroindustriales, debilitamiento del control sanitario y pérdida de competitividad de nuestras PYMES.
Lejos de ser un “gasto”, organismos como el INTA, el SENASA, el INV o el INTI son inversiones estratégicas. Cada peso que se invierte en ellos retorna multiplicado por 6 o 9 a la economía. Son el andamiaje que sostiene al productor en su tarea diaria, pero también al país en su desarrollo territorial, económico y social. Desfinanciarlos es perder soberanía, tecnología, empleo y divisas.
Bibliografía:
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