DEUDA INFINITA: CÓMO ARGENTINA CONDENÓ SU FUTURO
FINANCIERO
Entre 2016 y 2017, la administración de Mauricio Macri incrementó de manera significativa el uso del crédito externo, asumiendo deudas a tasas de interés mucho más altas que las prevalentes en los mercados internacionales. A través del endeudamiento en moneda extranjera, el gobierno buscó acumular reservas y financiar su déficit de cuenta corriente, que alcanzó los USD 15.105 millones en 2016 y los USD 31.151 millones en 2017, además de cubrir el persistente déficit fiscal. Durante toda la gestión de Macri, y también en la gestión actual, el ministro de Economía fue Luis Caputo, quien desempeñó un papel central en la estrategia de endeudamiento. Ambas etapas aplicaron la misma receta: un tipo de cambio atrasado, con el objetivo de mantener la competitividad y frenar la inflación, pero sacrificando reservas y aumentando la vulnerabilidad financiera.
Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, la deuda pública en moneda extranjera aumentó en casi USD 69.000 millones, consolidándose como una de las mayores emisiones de deuda externa en la historia reciente de Argentina. En ese período, el país lideró el ranking de los mercados emergentes en colocaciones de bonos soberanos, con un volumen sin precedentes en el mercado internacional de enero de 2016 a abril de 2018.
Paralelamente, entre 2016 y 2017, catorce provincias argentinas también recurrieron al endeudamiento externo, emitiendo títulos públicos en moneda extranjera por un total aproximado de USD 12.700 millones.
Es importante destacar que el 90% de esta deuda, es decir, alrededor de USD 11.500 millones, fue emitida bajo legislación extranjera, lo que incrementó la vulnerabilidad financiera tanto de las provincias como del país en su conjunto.
Inicialmente, esta estrategia resultó exitosa en términos de financiamiento. Sin embargo, conforme las inconsistencias macroeconómicas se profundizaban, con un déficit fiscal persistente por la eliminación de impuestos al sector agropecuario y una desaceleración económica, la fuga de reservas se intensificó, lo que reflejó la creciente desconfianza entre inversores y ahorristas.
A partir de abril de 2018, el entorno económico global experimentó un giro significativo, lo que modificó las perspectivas sobre la economía argentina. Los mercados comenzaron a ver como insostenible el elevado nivel de deuda acumulado en los dos años previos, especialmente porque ese aumento no estuvo acompañado por un crecimiento en la capacidad productiva de los sectores exportadores. Esto dificultó cumplir con las obligaciones financieras sin poner en riesgo la sostenibilidad social del país.
Finalmente, en 2018, Argentina perdió el acceso a los mercados internacionales de crédito, lo que profundizó aún más su crisis económica y financiera, llevando a una situación de insostenibilidad fiscal y externa.
Durante este período crítico, Luis Caputo continuó como ministro de Economía, siendo una figura clave en las negociaciones con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras se mantenía la política del tipo de cambio atrasado como herramienta clave en la estrategia económica.
Frente a la abrupta caída del flujo de capitales financieros, el gobierno decidió solicitar asistencia al FMI. En junio de 2018, se firmó un acuerdo con el organismo bajo un Programa Stand-By, que contemplaba un desembolso total de USD 44.000 millones, con pagos programados entre 2021 y 2024.
Durante el período comprendido entre junio y diciembre de 2018, mientras el FMI realizaba los desembolsos acordados, el país experimentó simultáneamente una salida neta de capitales por un total aproximado de USD 41.000 millones, lo que agravó la crisis financiera. El programa incluía diversas condicionalidades, así como un cronograma de pagos que resultó ser incompatible con la capacidad económica de Argentina, dificultando aún más el cumplimiento de las obligaciones financieras.
Para diciembre de 2019, la deuda pública de Argentina había alcanzado niveles insostenibles. En tan solo cuatro años, el stock de deuda bruta en moneda extranjera, en condiciones de pago normal, aumentó en más de 100.000 millones de dólares. Este incremento en el endeudamiento no estuvo acompañado por un crecimiento económico proporcional, lo que llevó a que la relación entre la deuda bruta y el PBI se disparara, pasando del 48,6% al 88,1% en ese mismo período.
Para cumplir con las obligaciones del programa Stand-By, el gobierno de Alberto Fernández acordó en marzo de 2022 un programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) con el FMI, con una duración de cuatro años y pagos programados entre septiembre de 2026 y septiembre de 2034. Este acuerdo cubría los vencimientos pendientes del Stand-By y permitía reembolsar los pagos de capital realizados antes del nuevo acuerdo.
El gobierno de Javier Milei decidió mantener el acuerdo EFF establecido por Fernández, pero lo dio por concluido a fines de 2024, a pesar de que quedaban pendientes dos revisiones técnicas necesarias para la aprobación y desembolso de fondos adicionales.
El martes 11 de marzo, el gobierno firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (Decreto 179/2025) que habilita el avance en el acuerdo con el FMI. Según este, los fondos obtenidos se destinarán a cancelar letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central (BCRA), priorizando aquellas con vencimientos más cercanos, y a cubrir obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas (EFF) firmado en 2022, cuyo pago se extenderá a los próximos cuatro años. Será un acuerdo bajo el esquema de Programa de Facilidades Extendidas (EFF), con un plazo de amortización de 10 años que contempla un período de gracia de cuatro años y medio antes de iniciar los pagos.
Sin embargo, el acuerdo omite detalles clave como la magnitud de los desembolsos y las condicionalidades.
Es importante señalar que, mediante el DNU, el gobierno evitará la necesidad de obtener la aprobación de ambas cámaras del Congreso, tal como lo requería la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el gobierno de Alberto Fernández en febrero de 2021. Esta ley establece que cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público acordado con el FMI debe ser autorizado por una ley aprobada por el Congreso.
La sucesión de acuerdos con el FMI refleja una peligrosa dependencia del financiamiento externo, exacerbando la vulnerabilidad económica de Argentina. A pesar de advertencias y lecciones del pasado, los gobiernos sucesivos han optado por soluciones a corto plazo, aumentando la deuda sin corregir las fallas estructurales que perpetúan la crisis fiscal. La persistente utilización del tipo de cambio atrasado como herramienta económica, tanto en la gestión de Macri como en la actual, ha profundizado aún más la crisis, socavando la competitividad del país y agotando sus reservas. Con cada nuevo acuerdo, Argentina posterga el ajuste necesario, hipotecando su futuro y limitando su capacidad para un crecimiento económico sostenible. La falta de transparencia y eludir los procesos legislativos solo profundizan la desconfianza, alejando al país aún más del desarrollo y la estabilidad financiera.